La emisiones de CO2 aumentaron en España en un 4,46% en 2017 con respecto al año anterior, lo que supone un incremento récord desde que entró en vigor el Protocolo de Kioto en 2005, según datos del informe “Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España 1990-2017” presentado hoy por CCOO.
Más uso de fósiles
El secretario confederal de Medio Ambiente del sindicato, Mariano Sanz, ha achacado este aumento en las emisiones causantes del cambio climático a un mayor uso y procesado de combustibles fósiles, dado que la utilización del carbón para generación eléctrica creció un 21% en 2017 y el del gas natural en las centrales de ciclo combinado en un 31,8%.
Además, el consumo de petróleo en España subió un 0,5% y el de gas natural en un 9,8%.
Por sectores, el consumo de energía producida con combustibles fósiles fue responsable del 76,1% de las emisiones, seguida de los procesos industriales (cementeras, industria química y metalúrgica) que causaron un 9,6% los gases, la agricultura y ganadería (10,1%) y la gestión de los residuos (4,2%).
Teniendo en cuenta los dos años base que contempla la UE, las emisiones de 2017 crecieron un 18% respecto a 1990 y se redujeron un 22,8% comparadas con las de 2005, siendo la referencia del objetivo final ratificado por la UE en el marco del Acuerdo de París de al menos un 40% de reducción en 2030 con respecto a 1990.
Regulación y cambio de modelo productivo
Begoña María-Tomé, responsable de Cambio Climático del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de CCOO ha explicado que el repunte de las emisiones en 2017 se debe a que la recuperación económica ha llegado sin más penetración de renovables en el mix energético, con unos usos finalistas de la energía sin electrificar y muy dependientes de los combustibles fósiles.
Ante esta situación, “hay que actuar urgentemente, por lo que emplazamos al Gobierno y a la oposición a poner en marcha cuanto antes el marco regulatorio comprometido a través de la Ley de Cambio Climático y el Plan Nacional integrado de Energía y Clima”, ha apuntado María-Tomé.
Estas dos normas son clave en la estrategia de descarbonización del país que CCOO ve como “una oportunidad única para el cambio de modelo productivo”, por lo que su secretario de Medio Ambiente ha emplazado al Ejecutivo a abrir de manera inmediata una negociación con los sindicatos para garantizar que este proceso sea “una transición justa”, como marca el Acuerdo de París.
Transición Justa
A juicio de Sanz, urge pactar una transición justa ya que hay sectores como el del carbón o el de la energía nuclear que “sabemos que tienen poco futuro en un plazo cercano”.
CCOO aboga por el cierre de los siete reactores nucleares operativos en España conforme vayan cumpliendo los 40 años (entre 2021 y 2028) partiendo de un escenario de viabilidad de las operaciones, y considera que para 2025 el carbón ya no entrará en la red eléctrica.
El sindicato recuerda, no obstante, que el 92% del carbón que se quema en España es importado.
En esa línea, abogan por una reconversión y adaptación “serias” para los trabajados afectados, ya que recuerdan que España ha destinado 25.000 millones de euros a medidas de reconversión desde 1989 que han surtido poco efecto.
El sindicato reclama al Gobierno una apuesta estratégica por el vehículo eléctrico y la movilidad no contaminante, por fomentar medidas de eficiencia energética y gestión de la demanda en la industria y los edificios, por eliminar las barreras al autoconsumo e incrementar la potencia renovable instalada.
Además, proponen una reforma fiscal energética, que cuente con un impuesto al CO2 y otros gases contribuyentes a la contaminación atmosférica, más gravamen a los hidrocarburos y una reordenación del mercado eléctrico.EFE